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Premio a la "Chiquita Brands"

Editorial de la revista Insurrección del ELN de Colombia                           07/12/2008

El seis de diciembre se cumplen ochenta años de la masacre de tres mil trabajadores que se encontraban en huelga, en la zona bananera del departamento del Magdalena.

Los obreros trabajaban y vivían en condiciones infrahumanas en 1928, sometidos a la esclavitud moderna. Exigían a la empresa, como lo hacen hoy los corteros de caña en los ingenios azucareros del Valle y Cauca, el reconocimiento sindical, el derecho a la contratación colectiva, la eliminación de la intermediación laboral y otras reivindicaciones económicas.

La respuesta fue la violencia contra los huelguistas. La empresa bananera UNITED FRUIT COMPANY, ordenó la masacre para acallar a los revoltosos y el general colombiano Cortez Vargas, el carnicero de Ciénaga, dirigió el crimen. Así actúo durante la mayor parte del siglo XX en los países centroamericanos y del Caribe, llamados "Repúblicas bananeras" por la sumisión de sus gobiernos.

La UNITED impulsó invasiones, golpes de estado contra gobiernos legítimos y organizó escuadrones de la muerte que asesinaban a trabajadores en Guatemala, Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y Haití.

Cuestionada por su historial de crimines, cambió su nombre por CHIQUITA
BRANDS INTETERNATIONAL, y en Colombia BANADEX S.A. Cambio de vestimenta pero no de espíritu y continuó con la política criminal que traía.

En los años 90, para contener la combatividad y desarticular el movimiento de los obreros bananeros de Urabá y Santa Marta, recurrió como en 1928 a la violencia, impulsando y financiando grupos narco paramilitares en la región, como se ha demostrado.

Las permanentes denuncias, las evidencias de los delitos y las presiones internacionales hicieron que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, abriera proceso y condenara a dicha empresa en marzo de 2007 "por provisión de servicios a organizaciones terroristas y el transporte de armas", imponiéndole una multó por 25 millones de dólares.

A los directivos de Chiquita Brands responsables de impulsar los grupos criminales, no fueron juzgados. Los poderosos vínculos que tiene la empresa en las altas esferas del gobierno norteamericano, les cubrió con el manto de la impunidad.

Uno de los defensores de la empresa vinculada con el narco paramilitarismo, fue Eric H. Holder J, ex vicefiscal durante el gobierno de Bill Clinton, asesor de la candidatura presidencial del elegido Presidente Barack H. Obama y nombrado hoy, como próximo Secretario del Departamento de Justicia.

Es el premio otorgado a la Chiquita Brands Internacional para que continúe con los asesinatos de los obreros bananeros.
La justicia colombiana debe juzgar a su directiva. El Presidente Uribe que tiene el deber de pedirlos en extradición, con la misma diligencia con que extradita colombianos a los Estados Unidos, no cumple con su obligación; la Fiscalía igualmente calla y guarda el proceso en la gaveta de la impunidad. No les importa porque son crímenes contra humildes sindicalistas.

La clase obrera y los trabajadores en general, junto con los demás sectores populares, no pueden permitir que la oligarquía y el imperio continúen imponiendo las condiciones en las relaciones sociales y tomando las grandes decisiones a espaldas de las mayorías y mucho menos mediante la violencia, como ha sido históricamente.

Los crímenes de lesa humanidad en que murieron centenares de obreros bananeros de Urabá y Santa Marta y otros miles fueron desplazados, no puede quedar en la impunidad, como ocurrió con los tres mil masacrados en 1928.

Rechazar la violencia que utiliza la oligarquía para frenar las luchas populares; exigir verdad, justicia y reparación para las víctimas de las bananeras y reconstruir la memoria histórica, es el mejor homenaje que les podemos rendir a los mártires de Ciénaga en este ochenta aniversario de la masacre.